Más de un mes de una cautelar que no se cumple

Paraná, Enero de 2026 – La transición del transporte urbano en la capital entrerriana, que comenzó el 7 de diciembre con una nueva empresa concesionaria, continúa envuelta en un conflicto judicial y laboral. A más de un mes de que un juez de la Ciudad de Buenos Aires ordenara la absorción transitoria de los 237 trabajadores de la empresa saliente, la medida cautelar sigue sin cumplirse, dejando a los choferes en un limbo y enardecido el conflicto.

�� El origen judicial del conflicto

El 26 de noviembre, el juez Claudio Fabián Loguarro, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Buenos Aires, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En su resolución, el magistrado ordenó a la nueva concesionaria, San José SA, que absorba transitoriamente a los 237 trabajadores que se desempeñaban para la anterior permisionaria, Buses Paraná (integrada por Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL).

La orden judicial era clara: la absorción debía producirse "desde el inicio de la explotación adjudicada", es decir, desde el mismo domingo 7 de diciembre en que San José comenzó a operar las 11 líneas urbanas de la ciudad.

La empresa, sin embargo, se opuso desde un principio. Su estrategia legal se centró en cuestionar la competencia del juez porteño para intervenir en un conflicto radicado en Paraná. Este planteo fue rechazado tanto por el juez Loguarro como por la jueza laboral entrerriana Carmen Prevedel, quien consideró "improponible" la solicitud de San José para quedar relevada de cumplir una orden judicial ajena. Ante estos rechazos, la empresa apeló a la Sala II de la Cámara del Trabajo, que aún no se ha expedido, mientras la cautelar continúa sin efecto.

�� La postura de las partes y la intervención municipal

El corazón del choque está en la interpretación de la continuidad laboral:

• La UTA y los trabajadores exigen el cumplimiento estricto de la cautelar y la aplicación del artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza la continuidad de los puestos y la antigüedad ante un cambio de concesión. El gremio ya ha solicitado que se apliquen sanciones económicas a San José por el incumplimiento de la orden judicial.

• La empresa San José reconoce que necesita entre 130 y 140 trabajadores, pero sostiene que el contrato de concesión municipal no contempla la continuidad. Ofrece tomar personal, pero sin reconocer la antigüedad previa, lo que para los choferes implica una pérdida sustancial de derechos.

• El Municipio de Paraná ha salido a respaldar la posición de la nueva concesionaria. La intendencia, liderada por Rosario Romero, sostiene que el contrato anterior está vencido y que cualquier inconveniente laboral de los empleados de Buses Paraná "es ajeno a la nueva empresa". Para garantizar el inicio del servicio, incluso obtuvo una medida judicial que prohibió a la UTA realizar protestas que obstaculizaran la operación de San José.

Esta posición municipal ha sido duramente cuestionada por los trabajadores y sus abogados, quienes sostienen que el Municipio, como autoridad concedente, tenía la obligación legal de asegurar en el pliego licitatorio la continuidad laboral establecida por la ley nacional. Acusan al Ejecutivo de una "decisión política" de no corregir el error y advierten sobre el riesgo de futuras condenas económicas para el Estado municipal.

✊ Protestas y un listado que generó polémica

La tensión se ha trasladado a las calles. Los choferes, en una segunda movilización este martes, marcharon desde la sede de la UTA hasta la Secretaría de Trabajo provincial para exigir soluciones. Fueron recibidos por el viceintendente David Cáceres, aunque la reunión no destrabó el conflicto.

La situación se complejizó cuando trascendió el listado de 237 trabajadores que la UTA presentó para ser absorbidos. Según publicó un conocido portal, en la nómina aparecen, entre otros, los dos gerentes de la empresa saliente, dirigentes sindicales de la UTA y el hijo de un sindicalista nacional que no es chofer y residiría en Santa Fe. Esto generó malestar incluso entre algunos choferes activos del servicio urbano que, paradójicamente, no fueron incluidos en el listado gremial.

�� Un conflicto con final abierto

Mientras la Cámara de Apelaciones del Trabajo en Buenos Aires evalúa el caso, la incertidumbre reina para los 237 trabajadores. Su futuro laboral sigue en suspenso, atrapado entre una orden judicial que no se acata y una negociación que parece no tener punto de encuentro.

Lo que comenzó como una renovación esperada del servicio de colectivos –que incluyó nuevos recorridos identificados con letras y la promesa de una app en tiempo real–, se ha convertido en un entramado judicial que pone en jaque derechos laborales básicos y enfrenta al Estado municipal con sus propios trabajadores.

La pelota está ahora en los tribunales superiores. Su decisión marcará no solo el destino de los choferes, sino también un precedente sobre cómo se manejan las transiciones de servicios públicos esenciales en la provincia.